7 nov. 2010

Impunidad a un año del allanamiento a casa de defensora de DH


Aspecto del operativo policiaco y allanamiento a casa de Margarita Martínez, defensora de Derechos Humanos

San Cristóbal de las Casas Chiapas. a 7 de Noviembre del 2010.


A las Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos:
A las Organizaciones Sociales y Civiles:
A los Medios de Comunicación Convencionales y Alternativos:
A las Juntas de Buen Gobierno:
A la Otra Campaña:
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional:


A un año del allanamiento


A un año del allanamiento, abuso de autoridad y tortura del que fuimos objetos como familia Margarita Guadalupe Martínez Martínez, Adolfo Guzmán Ordaz y nuestros hijos, el Gobierno del Estado de Chiapas no ha hecho nada en lo absoluto para esclarecer los hechos y dar con los responsables materiales e intelectuales.

El año pasado, hicimos la denuncia formal el día 23 de noviembre ante la Fiscalía Especializada en la Protección de Organismos No Gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos (FEPONGDDH) enseguida de esto empezaron las amenazas de muerte en nuestra contra para tratar de frenar el proceso de la demanda.

Posteriormente, y previo al peritaje de reconstrucción de hechos el 25 de febrero del presente año, Margarita fue secuestrada, torturada y amenazada de muerte por sus agresores, con la finalidad de que no se llevara a cabo dicha diligencia y que desistiéramos del caso. A raíz de este último acontecimiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamamiento al Estado Mexicano para salvaguardar la integridad de nuestra familia, y otorgó medidas cautelares (MC) mediante guardia custodia a cargo de un “cuerpo especial” de la Secretaría de Seguridad Publica y Protección Ciudadana; mismas que tuvimos que aceptar ante el inminente riesgo y vulnerabilidad en que nos encontrábamos.

Sin embargo, el haber aceptado las MC no ha hecho menos pesado el proceso de seguimiento al caso, ni ha ayudado a propiciar un ambiente menos tenso, pues durante estos nueve meses se han suscitado diversos acontecimientos que lejos de generar un ambiente de tranquilidad en la familia sólo generan mayor tensión, incertidumbre y molestias ante la ineficiencia del Estado.

Durante estos doce meses, el Estado siempre ha justificado su ineficiencia ante el retraso del proceso penal, y solamente da largas para no hacer cumplir la ley y estado de derecho solapando y encubriendo a sus funcionarios públicos.

  • Ya que a pesar de que la primera parte la averiguación previa ha concluido desde el mes de mayo, aun no se ha ejercitado la acción penal en contra de los presuntos responsables.
  • Desde el inicio de la denuncia la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra (FDFS) obstaculizó la investigación al no proporcionar la información que la FEPONGDDH solicitaba en tiempo y forma. Estando en esos momentos como responsable de la misma el Lic. José Luis Gómez Santaella.
  • Dentro de la indagatoria existen contradicciones en las declaraciones testimoniales de los funcionarios públicos, a los que se les ha tomado su declaración, haciéndola cada vez más compleja y tardada. Aunado a ello, la falta de disponibilidad del Lic. José Luis Gómez Santaella de asistir a que se le tomara su declaración en la FEPONGDDH, argumentando que era un alto funcionario.
  • El seguimiento al caso jurídico ha sido separado en tres etapas o eventos, (como si fueran hechos aislados). El primero como allanamiento, tortura y abuso de autoridad, el segundo como amenazas con agravante de muerte y el tercero como privación ilegal de la libertad y tortura. Siendo que los tres eventos son parte de la misma indagatoria.
  • El Gobierno del Estado de Chiapas ha tenido una actitud de encubrimiento, ineficiencia y falta de voluntad, ya que ha habido una total falta de acciones para esclarecer el caso con sus tres etapas.
  • El Procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar y el Gobernador del Estado, Juan Sabines Guerrero no han resuelto el problema a pesar de que existe la intervención de la CIDH, lo cual demuestra la falta de ética y compromiso con la ciudadanía para resolver de manera eficaz y objetiva los atropellos que cometen los servidores públicos de su administración.
Además, de manera subjetiva, queremos comentarles que todo esto nos ha traído un cambio radical en nuestras vidas como familia, nos ha desestabilizado por completo; hemos tenido que cambiar de ciudad, cambiar de escuelas, dejar nuestros trabajos, a nuestra demás familia, a nuestros amigos; este golpe que iniciaron funcionarios del Gobierno del Estado de Chiapas nos ha querido infundir temor, parálisis, miedo, silencio, soledad, pasividad; sin embargo, como familia decidimos seguir caminando por el sendero de la justicia, de la verdad de que se esclarezcan las cosas; ha sido un camino muy doloroso, en el que los que más han padecido las inclemencias de todo este atropello han sido nuestros hijos, ellos que no tienen nada que ver con el sistema y que además están en una etapa fundamental en la cual se les inculcan los valores y la ética, así como el respeto a las instituciones y el respeto a los derechos humanos, sin embargo con esta vejación que se cometió al allanar nuestra casa el 8 de noviembre, nos preguntamos: ¿qué palabra le puede dar el Gobierno a nuestros hijos, cuando sus funcionarios públicos fueron a irrumpir nuestra tranquilidad, en esa madrugada?

Antes nuestras vidas estaban llenas de tranquilidad, en el sentido que no teníamos que cuidarnos las espaldas, estar cuidándonos de que no nos secuestraran o que nos llegaran a matar; sin embargo, ahora no podemos salir con tranquilidad a la calle, pues tiene que ir un guarura tras nosotros, lo cual atenta contra nuestra propia libertad y nuestra intimidad como familia; esta situación nos ha generado un descontento profundo, porque detrás de esto vemos el desgaste al que nos quieren hacer caer, vemos que no hay voluntad de que la justicia se cumpla, pues el gobierno sólo nos da largas en el caso.

Ante lo expuesto, queremos denunciar que a pesar de los compromisos asumidos por parte del Estado, aún no se han esclarecido los hechos y hasta ahora no se ha señalado a los responsables de tales atropellos y vejaciones cometidas en contra de nuestra familia. Dichas acciones ponen en evidencia la incapacidad y la falta de garantías que el Estado Mexicano, y en particular el Estado de Chiapas, destina a los defensores de Derechos Humanos.

Por lo tanto, exigimos que el Estado Mexicano cumpla con el compromiso adquirido:

  • Que se garantice la vida, integridad y seguridad personal de Adolfo, Margarita, su familia, el equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A. C. y el equipo de Enlace Comunicación y Capacitación A.C.
  • Que se ejercite la acción penal contra los presuntos responsables de estos actos y sean sancionados a los autores materiales e intelectuales de estas violaciones de derechos humanos.
  • Que se cumpla el estado de derecho mediante el respeto a las garantías individuales de los ciudadanos y la declaración de los derechos humanos.
  • Que se asuman los compromisos adquiridos con la CIDH y se respeten los acuerdos establecidos.
  • Que se destituya y sancionen a los servidores públicos que tuvieron participación de manera directa e indirecta en los hechos cometidos en nuestro agravio, para que se rompa con la red de corrupción y favoritismos de parte del Gobierno del Estado.


Atentamente


Margarita Guadalupe Martínez Martínez                                                          Adolfo Guzmán Ordaz.